Son los procesos ecológico-evolutivos básicos de la biodiversidad, los que permiten la mantención y el florecimiento de la vida humana, y constituyen la única base material de la que arranca cualquier emprendimiento humano, sea este individual o colectivo. Esto incluye la construcción de un nuevo Chile, una de cuyas piezas clave es la redacción de una nueva Constitución. El diseño de este texto debe considerar el hecho que humanos y naturaleza tenemos una relación básica, indisoluble y vital, que es en efecto la piedra angular de cualquier sistema socio-ecológico como nuestra, o cualquier sociedad.
Como mencioné anteriormente la biodiversidad o naturaleza provee –directa o indirectamente- todo lo que los humanos precisamos para vivir y tener bienestar. Al mismo tiempo, la pérdida de biodiversidad es la mayor amenaza que enfrenta nuestra sociedad. Esto se debe a una serie de causas bien conocidas como degradación de hábitat, contaminación, especies invasoras, cambio climático, que derivan en último término del desarrollo de acciones humanas a espaldas de natura.
Ante esto el llamado global es al desarrollo de procesos transformativos, que puedan cruzar de manera simultánea esferas políticas, sociales, económicas, tecnológicas, y finalmente valóricas. Es decir, qué y cómo queremos relacionarnos unos con otros, incluyendo en ese “otros” a grupos humanos y no humanos. Este reconocimiento debería ser parte del núcleo de nuestro próximo texto constitucional, ofreciendo no sólo una alternativa para la construcción de un nuevo e inclusivo país, sino sirviendo de ejemplo concreto de acción transformadora para el Mundo, la que puede tener consecuencias en todas las esferas societarias.
Sin ser experta en derecho constitucional, expongo dos ejemplos que muestran el profundo cambio de mirada que puede traer consigo el reconocimiento del hecho básico de la vida: que humanos y naturaleza somos una misma cosa, y que enfrentamos los mayores niveles de degradación nunca antes registrados en la historia humana.
El cómo nombramos a las especies y a la naturaleza incide directamente en nuestra relación y cuidado con ésta. Crédito: WCS.
Biodiversidad no es lo mismo que recursos naturales
He mencionado y repetido que la biodiversidad es una matriz ecológica-evolutiva altamente compleja, ubicua, frágil, interconectada, histórica, que precisa de una mínima integridad en estructura y organización para asegurar su funcionamiento. Ella no reconoce limitaciones políticas, ni de propiedad. La complejidad en escala múltiple es consustancial a la biodiversidad y hace que ella en su totalidad no sea apropiable ni enajenable (a pesar de algunos).
Es posible definir límites geográficos aparentes en la naturaleza, como puede ser el borde de un lago, las altas cumbres cordilleranas, o la ribera de este o aquel lado de un río. Se puede delimitar un puñado de árboles, o confinar en una red a una masa de peces variados. Todos y cada uno de estos límites, sin embargo, son imaginarios, pues la biodiversidad está -evidente o solapadamente- siempre en conexión con otros factores, sean ellos vivos o inertes. Más aún, su integridad depende de la mantención de dichas conexiones, pues son esenciales para su persistencia y florecimiento en el tiempo. Esto desafía conceptos y aspiraciones como la propiedad privada. Y se hace patente, toda vez que la integridad de la biodiversidad se ve afectada por amenazas que están fuera de los límites de la propiedad en cuestión.
Cuando en la Constitución del 80 se hace mención a la naturaleza, tal referencia es puramente economicista, y ciega a los atributos y características que la definen, pues se la entiende sólo como fuente de recursos naturales.
Es así que se puede ser dueño de una fracción de la naturaleza como un sublime parque natural, un campo agrícola, una ribera de la laguna más hermosa de Chile central. Sin embargo, dada la propiedad relacional de natura, el destino de dichas posesiones depende del devenir de otros componentes territoriales y culturales, pues los factores que degradaran naturaleza generalmente sobrepasan y se instalan en los territorios a pesar de la existencia de escrituras de propiedad o de alambrados electrificados. Esto mandata el cuidado mancomunado e integrado más allá de la propia frontera, justificando con creces el esfuerzo colectivo para la mantención de la naturaleza, matriz común de vida y bienestar.
Tanto lo macro como lo microscópico del mundo natural debe ser tomando en cuenta en la discusión de la Nueva Constitución. Crédito: WCS.
Un ejemplo claro de esto son aquellos cada vez más numerosos predios privados que son y serán víctimas de sequías que derivan de cuencas denudadas de vegetación, o por el otrora lejano cambio climático. Privados territorios son consumidos por masivos fuegos incontrolables (como ocurrió recientemente en el continente australiano, o hace un par de años en Chile central) debido –entre otras causas- a mantos interminables de plantaciones de exóticas especies pirofíticas. Puede suceder que un río o laguna, como la de Aculeo se seque sin más, producto de algún estiaje prolongado, sumado a la mala o nula gestión integrada de procesos hidrológicos de la cuenca. Una playa favorita, sea de lago o mar, puede contaminarse por el derrame masivo de petróleo ocurrido a kilómetros de distancia; o que el consumo de mis cultivos de choritos se prohíba por efectos de la marea roja que nace mucho más allá de mis instalaciones industriales.
A escala mayor, un país completo como Chile, puede declarar su soberanía sobre una porción significativa del Pacífico, pero tendremos que reconocer que aquella porción de mar que reclamamos como chilena es una parte indisoluble de un ecosistema marino planetario. Esto determina que aquellos bienes que podríamos obtener de de nuestra porción de océano, son afectados por diversos factores que van más allá de declaratorias soberanas incluyendo la acidificación del océano, la contaminación de aguas por lluvia ácida o por derrame de hidrocarburos en aguas internacionales, por sobresaturación de desechos plásticos, o por sobreexplotación de recursos marinos en algún punto de su ruta migratoria global. El anhelo que nuestro mar pueda nutrirnos de manera sostenida en el tiempo, precisa de reconocer la complejidad e integridad de la naturaleza, y desplegar acciones acorde tendientes a la protección de este bien compartido.
Los guanacos son una de las especies protegidas en esta zona remota de Patagonia.
Cuando en la constitución del 80 se hace mención a la naturaleza, tal referencia es puramente economicista, y ciega a los atributos y características que la definen, pues en dicho texto se la entiende sólo como fuente de recursos naturales (RRNN). Por lo mismo, un nuevo papel constitucional debe atender al hecho que biodiversidad no es lo mismo que RRNN.
Es cierto que parte de las estructuras y procesos que constituyen la biodiversidad pueden devenir en la generación de bienes o servicios a ser aprovechados por las sociedades o partes de ella -por el mundo público, privado o ambos, por comunidades locales e incluso globales-, y que muchos de ellos son RRNN que tienen el potencial de ser renovados. Son justamente algunos de los servicios que ofrecen los ecosistemas naturales, incluyendo por ejemplo materias primas como madera, pesca, medicinas, suelo, los que pueden ser apropiados y gestionados para su uso prolongado. Otros servicios menos conocidos como la recarga de acuíferos, control de plagas, ciclaje de nutrientes, reducción de transmisión de enfermedades, polinización, pueden asimismo ser gestionados para su provisión permanente, pero precisan de una gestión integrada a escalas de espacio y tiempo mucho mayores que las que involucra la propiedad privada tradicional.
Queda claro entonces que, si se aspira a mantener y explotar los RRNN que produce la biodiversidad, o si se espera mantener operativos aquellos servicios mínimos que son necesarios para nuestro bienestar, se hace inevitable la necesidad de conservar, promover y restaurar la biodiversidad que subyace, sostiene, y es común a todo espacio público y privado, pues es el ente finalmente responsable de provisión de dichos insumos. Y como decíamos más arriba, dada su compleja condición sistémica, es la sociedad toda –nacional y global- la que debe confluir en el proceso de su cuidado, independientemente del derecho de propiedad, privada o colectiva, que exista sobre una u otra fracción del territorio.
El Parque Karukinka brilla en tonos ocres durante el otoño. Crédito: Tania Raipane.
Biodiversidad y Soberanía
La incorporación de la biodiversidad y su carácter relacional con lo humano en la nueva Constitución es un vehículo para traer a Chile al siglo XXI y reflejar en ella el conocimiento acumulado por milenios. Este reconocimiento, ya realizado por instituciones muy relevantes como la Iglesia Católica, desafía gran parte del status quo y da el empuje necesario para transformar la inercia del quehacer humano histórico.
En el caso de Chile, el reconocimiento del valor intrínseco de la biodiversidad para el bienestar de sus pueblos y comunidades, precisará repensar toda una serie de conceptos tradicionales, incluyendo especialmente aquellos de soberanía y seguridad. Palabras que en los poco más de 200 años de nuestra historia como “país soberano” han sido utilizadas para describir muchas cosas, ocultar otras y justificar las más. Es menester dejar de pensar la soberanía en términos decimonónicos.
Al hablar de soberanía, y la necesidad de su protección, debemos reconocer la necesidad vital de mantener, promover y restaurar los ecosistemas que conforman y dan vida a todo el territorio y aguas nacionales, al mismo tiempo de protección a las gentes que los habitan.
Debemos comenzar a entender soberanía no simplemente como aquella que está definida por fronteras humanas, a las que hay que defender de una posible invasión por otros, a quienes, dado el caso, habría que expulsar o eliminar a balazos. Este es un afán permanente que consume ingentes sumas de cualquier presupuesto nacional y cuantiosos recursos de todo tipo. A la luz de lo expuesto, la soberanía debe ser entendida en una extensión contextual mucho más amplia y racional que la puramente político-administrativa-militar.
Al hablar de soberanía, y la necesidad de su protección, debemos reconocer la necesidad vital de mantener, promover y restaurar los ecosistemas que conforman y dan vida a todo el territorio y aguas nacionales, al mismo tiempo de protección a las gentes que los habitan. El valor real de dichos territorios (así como aquel valor imaginario, que es su precio de mercado) podrá existir sólo en la medida que estos son capaces de albergar una naturaleza sana.
Aquellos ecosistemas degradados, contaminados, sobre-explotados, erosionados, secos, o yermos, carecen de valor alguno y son en general abandonados a su muerte lenta, pues no son capaces de sostener su vida, ni la de otras especies como la humana. Ellos debieran ser el blanco real de nuestro imaginario soberano. Puesto que únicamente aquellos territorios vivos, contenedores de ecosistemas íntegros y pujantes, son capaces de proveer las condiciones mínimas que permiten la producción de agua y otros RRNN como los que mencionaba más arriba, básicos para el bienestar de las personas y sus sociedades.
El trabajo comunitario inmerso en los bosques prístinos nos hace involucrarnos de una forma renovada y consciente con el medio ambiente. Crédito: WCS.
La defensa real de la soberanía de un territorio, por lo tanto, no se asegura sólo por la existencia de un cada vez más oneroso pasivo militar (el que por lo demás tampoco asegura la seguridad de un país como Chile, o cualquier otro). La tarea de defensa debe apuntar a la creación y mantención de condiciones mínimas que aseguren la existencia y el bienestar humano, que aseguren el buen vivir de nuestras poblaciones -humanas y no humanas- que habitan esos territorios soberanos. Hablamos de la protección del agua, del suelo cultivable, de los bosques, humedales, ríos, zonas costeras, por nombrar algunos de los bienes soberanos vitales de cualquier nación. Estos bienes complejos precisan ser defendidos tanto o más que imaginarias líneas fronterizas, especialmente en un mundo cada vez más deteriorado como el actual. Tal práctica defensiva y profiláctica resulta determinantemente elemental no sólo para la existencia de la población actual, sino ante todo para las futuras.
Incorporar un entendimiento eco-lógico básico de soberanía a una nueva constitución de Estado, abriría el espacio necesario para visionar y diseñar nuevos conceptos que permitan construir un Chile diferente. Ellos deberían comprender al menos: la soberanía y seguridad ecológica de nuestro país, que resultan condición mínima y necesaria para avanzar en una real soberanía territorial y efectiva seguridad alimenticia, soberanía cultural, entre otras.
Un ejemplo final de los espacios que debemos desafiar en la creación de esta nueva Constitución, dice relación con la seguridad interior, entendida ella como seguridad sanitaria. Como ha quedado demostrado en estos meses de pandemia global, hay tres características constitutivas de estas amenazas a tal seguridad: uno es que estas seguirán ocurriendo, segundo que su origen primario se encuentra en la degradación de la biodiversidad, y por último que dichas amenazas no se combaten a balazos, sino que precisan de la articulación compleja y virtuosa de los diferentes actores de la sociedad, en relaciones informadas y de confianza, posicionadas en las realidades humanas y no humanas de los territorios. En fin, como se mencionó antes, en definitiva, de una buena democracia.
¿Es posible y cómo se puede instalar este cambio de paradigma en una nueva Constitución?
Será tarea de la Asamblea Constituyente encontrar la forma de reflejar en la nueva constitución esta realidad. Considerando sin embargo el principio fundacional de la relación ser humano con la naturaleza, sostengo que ella debería formar parte de las bases constitucionales por constituir un principio fundamental de la vida, quedando así relevada en nuestra carta magna.
En un segundo nivel, y derivado de este reconocimiento, se constata por lo tanto la necesidad de reconocer, además de los derechos individuales, tan amplia y precisamente definidos en la constitución que esperamos reformar, los derechos de lo colectivo y de este espacio socio-ecológico común, así como los deberes que cada una de las personas tiene para con este bien común.
Y finalmente, la nueva Constitución debería explicitar la necesidad de nuestro país de reconocer la tarea de conservación de biodiversidad como una tarea fundamental para la construcción, florecimiento y mantención de nuestra sociedad chilena. En toda su diversidad. En toda su complejidad. Confirmando la necesidad de instalar esta nueva forma de hacer en cada porción de nuestro territorio.
Estas son cuestiones abiertas a la conversación, que deben justamente ser abordadas desde diferentes perspectivas, para encontrar la mejor forma de articular soluciones efectivas. La creación de estos espacios de conversación, que permitan hacer avanzar a Chile en conservación de biodiversidad, son clave en este escenario de cambio de constitución, a través de un proceso constituyente. Quien pueda tomar este espacio, estará ganando no sólo a través del enriquecimiento conceptual del rol de la biodiversidad en el bienestar de nuestra sociedad, sino teniendo la posibilidad de liderar esta transformación para el resto del país, y por qué no decirlo, del Mundo completo.